Delitos Contra la Administración Pública | Percy García Cavero

Existe consenso en que la corrupción (pública) es uno de los grandes males que aqueja a nuestra sociedad. No obstante no es suficiente –nunca lo fue- con reunirnos y “conversar” sobre ella y lamentarnos por lo mal que estamos. Sin embargo, tampoco es un “buen remedio” hacer uso (y abuso) del Derecho penal. Pese a la extendida creencia de que todo se debe resolver a través de más intervención del Derecho penal ya sea creando más delitos o buscando la aplicación de penas (de cárcel o, según postulan nuevamente algunas voces, de muerte), ese camino no es, en mi opinión el adecuado. Me explico. Si no hay eficacia en el momento de determinar las conductas, sus características y advertir las particularidades del sistema penal, no habremos logrado más que una expectativa de solución que acabará en una (nueva) frustración. Aun cuando nuestro legislador pretenda crear delitos con unas condiciones severas aumentado el marco punitivo e incluso privándole de beneficios, no habrá un cambio significativo o no al menos de esos que la población espera. Políticamente podrán tener un impacto –que seguramente se verán reflejados por los medios de comunicación- por que la sociedad “verá que si se está haciendo algo para acabar con este flagelo que tanto nos atormenta”, pero jurídicamente sabemos que requiere mucho más. No me malentiendan. Es importante esa voluntad política, pero hace falta estructurarla mejor. De ahí entonces que pueda afirmar que, si no hay eficacia, aunque haya severidad en las penas, no se llegará lejos.